• El parlamentario andaluz del PP, Rafael Caracuel, remarca que el Gobierno de Juanma Moreno ha apostado por la “regeneración democrática de la administración”, que los gobiernos socialistas “llevaban décadas desvirtuando”

 

  • Como muestra de esta apuesta ha citado el “impulso a la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante” que, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se elevará al hemiciclo andaluz para su tramitación

 

  • En dos años, el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho que “los casos de corrupción dejen de ser portada diaria en los medios de comunicación”

 

El parlamentario andaluz del PP de Granada, Rafael Caracuel ha remarcado que, desde la llegada del Partido Popular al gobierno de la Junta de Andalucía, se ha apostado por la “regeneración democrática de la administración”, que los gobiernos socialistas “llevaban décadas desvirtuando”. Una apuesta y compromiso que se ha materializado en el “impulso a la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante” que, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se elevará al hemiciclo andaluz para su tramitación.

Con el gobierno del cambio, aseguró el diputado autonómico, “se ha puesto fin a los años oscuros del PSOE al frente del Gobierno de Andalucía y a los escándalos de corrupción institucionalizada que el PSOE, al frente de la Junta, había normalizado”, entre los que ha mencionado los ERE, Faffe o Isofotón.

En este punto, ha recordado también que, siendo Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía y con María Jesús Montero como consejera, “frenó esta norma”.

En contraposición a esta actitud, ha destacado que en dos años, el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho que “los casos de corrupción dejen de ser portada diaria en los medios de comunicación andaluces”. Y todo ello gracias al impulso del PP a esta norma mediante la que se fijan mecanismos de “prevención y control efectivos contra la corrupción”.

Como ejemplo de ello, ha citado que “la Junta de Andalucía no podrá tener altos cargos encausados por corrupción o con cuentas en paraísos fiscales y se creará una oficina para investigar posibles casos y proteger a los denunciantes”.

Así, la norma afectará tanto a “la actuación de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales e instituciones; como a las entidades locales, universidades públicas o a personas y entidades privadas que hayan sido adjudicatarios de contratos públicos o subvenciones, en lo concerniente a esa relación”. De este modo, “no podrán desempeñar estos puestos personas encausadas judicialmente o condenadas por delitos relacionados con corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación”.

En lo referido a la futura oficina contra el fraude, el parlamentario andaluz del Partido Popular ha señalado que será “un instrumento específico para prevenir, investigar, combatir el fraude y la corrupción, y proteger a las personas que se dirijan a ella para denunciar”. Además, ha recalcado que “contará con plena independencia”, al no estar sujeta al Ejecutivo autonómico, sino que será adscrita al Parlamento de Andalucía. De hecho, será la Cámara la que elegirá al director de dicha oficia por “mayoría cualificada” y su mandato será de “5 años no renovables”. También, respecto a dicha entidad, ha indicado, entre otros aspectos,  que tendrá al menos dos subdirecciones, y contará con “competencia sancionadora”.

En su comparecencia, Rafael Caracuel ha señalado además, que se establece la posibilidad de que los altos cargos “puedan desarrollar determinadas actividades en el ámbito de la docencia universitaria, la investigación y la formación”. A ello le ha sumado que “se contempla también la posibilidad de que puedan participar en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas que resulten de interés social o cultural”. Asimismo, con el fin de reforzar la integridad pública, los altos cargos “no podrán ser titulares o autorizados de cuentas bancarias u otros activos financieros en países o territorios calificados como paraísos fiscales”.