• El portavoz local del PP, José Manuel Muñoz, lamenta que sean los trabajadores los que paguen los “platos rotos” de la mala gestión y falta de planificación del alcalde socialista
  • Ha pedido responsabilidades políticas después de que el Ayuntamiento haya sido obligado judicialmente a anular el punto del Pleno en el que se aprobó la subrogación del servicio de limpieza
  • José Manuel Muñoz: “Han pasado cinco años desde que el Ayuntamiento asumió la gestión de la limpieza, tiempo más que suficiente para que el alcalde hubiese regularizado la situación de los trabajadores, pero su incompetencia ha provocado que ahora se vean en el paro y que el municipio se quede sin limpieza en sus calles”

 

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Íllora, José Manuel Muñoz, ha pedido la depuración de responsabilidades políticas al alcalde socialista, Antonio Salazar, después de que el Consistorio haya sido obligado judicialmente a anular el punto de un Pleno celebrado en 2016 por el que se aprobó la subrogación del servicio de limpieza viaria en el municipio, circunstancia que ha conllevado el despido de seis trabajadores “que desde el pasado domingo dejaron de prestar un servicio esencial para los vecinos, más en estos momentos de pandemia en que la limpieza viaria debería de ser una prioridad”, ha manifestado el portavoz popular.

En este sentido ha lamentado que sean ahora los trabajadores los que tengan que pagar “los platos rotos” de la mala gestión y falta de planificación del gobierno socialista, al que ha pedido que “abandone su actitud victimista, deje de culpar a la oposición y asuma que su incapacidad e inoperancia han provocado que seis familias del municipio se queden sin trabajo”.

Muñoz ha recordado que a pesar de las advertencias que realizó su formación política en 2016 el alcalde socialista decidió, a raíz de la remunicipalización del servicio de limpieza, subrogar a los empleados de dicho servicio que hasta entonces pertenecían a la empresa Gestauga. “Le advertimos que dicha subrogación infringía el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad, al no existir ningún proceso selectivo. Además, también incumplía la ley al tener que aumentar el capítulo uno de gasto de personal. Pese a ello, el alcalde siguió adelante y cinco años más tarde la justicia le ha obligado a volver al punto de partida iniciado en 2016”.

Según ha explicado el edil popular, una vez aprobada la subrogación del servicio, la subdelegación del Gobierno advirtió al Ayuntamiento que el proceso era ilegal y le dio un plazo de un mes para que presentase alegaciones “alegaciones que nunca formularon”. A partir de ahí el Juzgado de lo Contencioso Administrativo corroboró dicho error y en 2018 se celebró un juicio que el Ayuntamiento perdió y recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Ahora, de nuevo, la justicia ha reiterado que el proceso fue ilegal y ha obligado al Ayuntamiento a anular el punto del Pleno aprobado en 2016 por el que se subrogaban a los trabajadores del servicio de limpieza viaria.

“Las consecuencias legales de ello, es que los contratos de los empleados que fueron subrogados por el Ayuntamiento son nulos de pleno derecho, por lo que ahora hay que anularlos”, ha recordado el popular.

“Es un absoluto despropósito que no tendría que haberse producido si este Ayuntamiento hubiera actuado desde la legalidad. No fue así, y ahora, quienes pagan este desastre son estas seis familias que se quedan en la calle sin su puesto de trabajo, trabajadores a los que hay que recordar que con la remunicipalización y subrogación de sus contratos también se les bajo el sueldo de manera considerable. Han pasado 5 años desde que el Ayuntamiento asumiese la gestión municipal de la limpieza, tiempo más que suficiente para que el alcalde hubiese regularizado la situación de estos trabajadores, pero su incompetencia e incapacidad han provocado que ahora se vean en el paro y que el municipio se quede sin servicio de limpieza en sus calles”, ha concluido.